ACTO I. El pasado mes de diciembre, el embajador de Israel en España, Raphael Schutz, se reúne con el juez Andreu en la Audiencia Nacional para conocer si la querella presentada por el Centro Palestino de Derechos Humanos contra un ex ministro de defensa de ese país y seis cargos militares podría comportar el riesgo de que los acusados fueran detenidos si salían al extranjero. Al parecer el juez le dijo que aún no había sido admitida a trámite la demanda, y le recordó a Schutz que había pedido una documentación a Israel sobre la operación militar desarrollada en la franja de Gaza en la que, además de un miembro de Hamás, Israel asesinó a 14 civiles en 2002 .
ACTO II. El juez Fernando Andreu admite a trámite la querella presentada . Los medios de comunicación de todo el mundo se hacen eco de la noticia, como el Washington Post, un medio nada sospechoso de ser antiisraelí. Se citan párafos del Juez Andreu en el que se justifica que los encausados cometieron crímenes contra la Humanidad al matar a 13 civiles durante la operación en la que murió el líder de Hamás. Israel cometiendo crímenes contra la humanidad, y escrito por un juez: un duro golpe.
ACTO III. La ministra de Exteriores isrealí, Tzipi Livni, y su homólogo español mantienen una conversación telefónica sobre ésta querella. La única versión que transciende es la de ministra israelí: “El ministro Moratinos me acaba de decir que España ha decidido cambiar su legislación relativa a la jurisdicción universal y que esto puede evitar los abusos del sistema legal español (…) Creo que es una noticia muy importante y espero que otros países europeos hagan lo mismo”. Ante éste hecho, el ministerio de Exteriores español sigue guardando silencio, como de costumbre en nuestra diplomacia.
ACTO IV. El Gobierno hace llegar el desmentido de que vaya a ser de efecto retroactivo, y asegura que quiere limitar las demandas a los casos en los que España tenga “nexo de conexión”. El Gobierno se olvida o hace pasar por alto un principio procesal como es el indubio pro reo: es decir, si hay una ley posterior que beneficia al reo, o al procesado, se debe de aplicar.
ACTO V. Leire Pajín, secretaria de organización del PSOE, asegura sobre la reforma que “nada tiene que ver con lo que estamos viviendo estos días entre Israel y una decisión judicial”. ¿Y las declaraciones de Livni?¿Las ha desmentido? Si nada tiene que ver con una reforma que estaba en el cajón desde hace tres años, ¿por qué justo ahora sale a la luz? ¿por la incontinencia verbal de Moratinos?
EPÍLOGOS.
— En el año 1998, Baltasar Garzón, Juez de la Audiencia Nacional, cursó una orden de detención contra el dictador chileno Augusto Pinochet, de visita en Londres. Por aquel entonces, el Gobierno presidido por José María Aznar, puso trabas diplomáticas e instó al fiscal a que se opusiera a la extradición de Pinochet. Aznar hizo todo lo posible para favorecer a Pinochet. Salvo una cosa: no se le ocurrió variar las leyes españolas para limitar el principio de jurisdicción internacional, en casos de genocidio y crímenes contra la Humanidad. “Los españoles no han visto en Aznar lo que les hubiera gustado ver en un [jefe de] Gobierno democratico” y añadió que, si él hubiera sido el presidente, “habría hecho casi todo de forma radicalmente distinta”, aseguraba el entonces jefe de la oposición, Joaquín Almunia. Ese Gobierno, el de Aznar, tenía una oposición, el PSOE, que hubiera puesto el grito en el cielo si hubiera anunciado una reforma por aquel entonces. Con los papeles cambiados, el PP guarda silencio.
— El Gobierno actual, presidido por José Luis Rodriguez Zapatero, nada dijo cuando se procesó a varios dirigentes chinos por un presunto genocidio contra tibetanos, o cuando en la Audiencia Nacional abrió una causa contra varios militares marroquíes por supuestos delitos contra la Humanidad contra saharauís. El Gobierno guardó silencio y no hubo el alboroto generado ahora. La noticia de que el Gobierno quiere limitar el principio de jurisdicción universal llega ahora, cuando se sabe que hay una demanda admitida a trámite contra israelíes y el Gobierno de Tel Aviv protesta.
— Hace unos meses, José Yoldi escribía ésta reflexión, de carácter general, y no sobre éste caso. Se titulaba Un tren que siempre llega con retraso y arrancaba asi: “La jurisdicción universal es la justicia de lo posible en un escenario imposible. Consiste en que cualquier tribunal del mundo pueda perseguir crímenes horrendos contra los derechos humanos, como el genocidio, los delitos de lesa humanidad o la tortura, para que no queden impunes. Sin embargo, su efectividad es casi nula o muy reducida. Nunca ha servido para parar los genocidios cuando se estaban cometiendo y en la mayoría de los casos se ha tenido que esperar muchos años para juzgar a los culpables, si es que se les ha juzgado, porque a los jefes de Estado no se les puede procesar, porque gozan de la llamada inmunidad soberana, es decir, que son intocables hasta que son derrocados o dejan el cargo. Es un tren que siempre llega con retraso (…)”
— El Gobierno debe de hablar sin tapujos a los ciudadanos. Debe decirles que no merece la pena tener un principio de jurisdicción internacional en casos de crímenes contra la Humanidad, crímenes de guerra y genocidios. Debe decir que quiere limitar ese principio de jurisdicción internacional porque va en contra de nuestros intereses, ya que cada vez que se enjuicia a alguien por estos supuestos el ministerio de exteriores debe andar dando explicaciones de que la justicia en España es independiente, y al parecer les falta saliva para ello. Debe decir que en ese camino de explicaciones los intereses españoles quedan mermados, y que ellos quedan como un Gobierno débil frente terceros. Entonces el Ejecutivo — y el PSOE, partido que lo sustenta — debe de decir que a cambio de esto seremos menos Democracia, porque perderemos ésta seña de identidad. Me temo que no hablarán tan claro.
