El 16 de septiembre los seis chicos de gatillo fácil de Blackwater (hoy renombrada Xe), asesinaron a 17 civiles en una rotonda de Bagdad. Los guardas de seguridad privada, todos ex militares de los EE UU, han asegurado que respondían a una amenaza evidente. El resultado es que los 17 muertos eran civiles desarmados, muchos de ellos niños y mujeres. Un periodista de NYT recuerda hoy como cubrió la noticia.
De izquierda a derecha, los cinco acusados del tiroteo que se declararon inocentes: Dustin Laurent Heard; Paul Slough; Nick Slatten; Donald Ball; y Evan Liberty (NYT)
El juez Ricardo M. Urbina ha dado por cerrado el caso. En 90 páginas viene a justificar que las declaraciones de los cinco trabajadores de Blackwater por parte del Departamento de Justicia de los EE UU fue tomado bajo coacción, consistente en la amenaza de que, si no coperaban, podían perder su trabajo y, sobre todo, bajo la promesa de que ese testimonio nunca iba a ser usado en su contra. El juez Urbina considera que ese inmunidad, ese pacto, fue roto en el momento en que se usaron esos testimonios para fundamentar las pruebas contra ellos. Y por eso, por un defecto en el proceso, por unas garantías judiciales, cierra el caso.
De los seis acusados, solo uno, Jeremy P. Ridgeway, se declaró culpable y se esperaba que testificara contra los otros cinco. Puede que allí quede el único resquicio, si es que el Departamento de Justicia es capaz de encontrar una vía para volver a sentar en un banquillo a los tres mercenarios. Mientras, el Gobierno de Irak (donde no se permitió juzgar a los mercenarios porque tenían inmunidad especial aprobada por un decreto del proconsul Bremer en su último día en el cargo) asegura que iniciará (¿ahora?) todas las acciones legales en su territorio para ir contra la compañía de seguridad privada.
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