Faluya, 31 de marzo 2004: dos vehículos en los que viajan varios agentes de seguridad privada son atacados por la insurgencia; escoltaban un convoy con alimentos para el ejército de EE.UU. Mueren cuatro de ellos (todos vinculados anteriormente con el ejército estadounidense), y sus cuerpos quemados son arrastrados y colgados de un puente por una multitud enfurecida.
Cinco días más tarde, el 4 de abril Najaf, los medios de comunicación se hacen eco de que el cuartel general de los EE.UU en Nayaf fue defendido no por soldados sino por otros agentes de seguridad privada.
Tanto los que murieron en Faluya, como los que hicieron frente a los ataques de la milicas chiíes en Nayaf pertenecían a la misma compañía de seguridad privada: Blackwater.
La mayoría de los medios se refirió (y se refiere) a ellos como “contratistas”. En este término genérico se engloba a todo aquel civil contratado por EE.UU o la Coalición para llevar acabo alguna función, principalmente en Irak o Afganistán; una gran parte de estos contratistas son agentes de seguridad privada, considerados por muchos como simples mercenarios.
El Departamento de Estado reconoce que tiene contratos con al menos 28 compañías de seguridad privada; por su parte, el Departamento de Defensa, no ha hecho pública ninguna relación de empresas con las que tiene contratos en vigor.
La privatización de la guerra no es un fenómeno nuevo, pero, tal y cómo relata un informe de junio de 2007 realizado por el CRS para el Congreso de los EE UU (informe en pdf) , es la primera vez que EE.UU tiene que recurrir a contratistas para labores de seguridad.
Se calcula que sólo en Iraq hay entre 20.000 y 30.000 contratistas encargados de tareas de seguridad, pertrechados con las más modernas armas, vehículos blindados, helicópteros y la más alta tecnología en comunicación. Sea cual sea la cifra verdadera, el número supera a los 9.000 efectivos que tiene desplegados en el Reino Unido en Irak.
Hacen funciones que van desde la escolta a personalidades, pasando por distribución de logistica para el ejército, la vigilancia de recintos oficiales, hasta llegar a la vigilancia de los campos de petróleo. Dos ejemplos son esclarecedores: la seguridad del recinto de la embajada de los EE UU, situada en la Zona Verde, corre a cargo de la compañía de seguridad privada Triple Canopi, mientras que el embajador es escoltado por la ya citada Blackwater.
Esta última empresa es el paradigma de la empresa de seguridad privada que opera en Irak. Con un campus de entrenamiento de 970 hectáreas en Carolina del Norte, la empresa cuyo emblema es una huella de oso, no solo proporciona seguridad, sino que también es una especie universidad, con cursos sobre manejo de armas, conducción de vehículos, primeros auxilios, y hasta iniciación al árabe iraquí y urdú.
Las ofertas para trabajar en estas empresas son sustanciosas: un empleado estadounidense o británico de estas compañías puede llegar ganar entre unos 1.000 y 1.500 dólares al día (los mejores pagados son antiguos miembros de cuerpos de élite de los EE UU o el Reino Unido), frente a los entre 140 y 190 dólares que gana un soldado bajo pabellón estadounidense. No es de extrañar que las ofertas de trabajo por Internet, con intermediarios, proliferen por la Red; tampoco debe extrañar que los soldados estadounidenses y británicos prefieran licenciarse y ser contratados por estas empresas de seguridad.
Pero ni los estadounidenses ni los británicos son mayoría entre las filas de este segundo ejército en Irak. Muchos de los empleados son iraquíes, o proceden de terceros países que ni tan siquiera tienen tropas desplegadas ni en su día apoyaron la guerra.
Ya en enero de 2004, el periódico La Tercera de Chile recogía un oferta de trabajo de la empresa RedTáctica para ex miembros de las fuerzas armadas (“preferentemente de fuerzas especiales, con salud compatible, y con dominio del inglés”); su destino iba a ser Irak, y la empresa iba a ser acusada de mantener campos de entrenamiento clandestinos en territorio chileno, por no hablar de la fuga de dos hermanos que lograron escapar de Irak y denunciaron los impagos además de las pésimas condiciones de trabajo. El sueldo iba a ser entorno a los 3.000 dólares, cantindad notablemente inferior al que cobraban los soldados de fortuna ingleses, estadounidenses, gurkas nepalíes, filipinos, colombianos o españoles, como daba cuenta el periódico ABC en septiembre de 2004. De nuevo, la empresa que estaba detrás de la contratación era Blackwater, a través de un intermediario chileno.
Pero el negocio no es solo personal: quienes se lucran con la prestación de estos “servicios de seguridad”, son la empresas: el informe del CRS para el Congreso señala que solo la empresa británica Aegis Defence Services Limited ha acumulado contratos por valor de 292 millones de dólares, y espera otros por valor de 400 millones de dólares.
Otro informe, este de la Cámara de Representantes, calcula que solo las actividades que realiza la empresa Blackwater cuesta entre tres y diez veces más si esas mismas actividades de seguridad fueran realizadas por tropas regulares estadounidenses. Es, por tanto, un negocio más que ha proliferado alrededor de la invasión de Irak.
No se sabe cuántos de estos soldados de fortuna han fallecido en Irak. Iraq Coalition casualities tiene recogidas 411 muertes recogidas por medios de comunicación. El propio Congreso de los EE.UU eleva esa cifra a 917 fallecidos (146 en los primero meses de 2007), y unos 12.000 heridos.
La impunidad es otro punto controvertido junto al mero negocio: estos mercenarios o agentes de seguridad no pueden ser juzgados por los tribunales iraquíes; el propio Congreso de los EE.UU duda si los tribunales internacionales pueden considerarlos como mercenarios, y esacapan de la definición de la Convención de Ginebra de 1977, de la que, además EE UU no es firmante; así, los ciudadanos estadounidenses dedicados a estas labores de seguridad solo podrían ser juzgados por tribunales federales estadounidenses o tribunales militares.
De la impunidad con la que algunos de estos agentes operan (ni tan siquiera tienen el freno de una cadena de mando oficializada), da cuenta un vídeo que muestra a supuestos empleados de Aegis disparando contra vehículos de civiles iraquíes sin mediar ni amenazas ni palabras, cómo si de un deporte se tratara.
Un caso similar es el de Washbourne (el que aparece en la fotografía con el brazo tatuado apuntando a un objetivo), un ex marine que trabaja para una de estas empresas: “Quiero matar a alguien hoy“, dijo a su unidad un día por ser el último antes de sus vacaciones. Y terminó disparando contra dos vehículos de iraquíes.
Otra dos firmas de seguridad, Titan y Caci International, estuvieron implicados en los abominables casos de tortura y abusos de la prisión de Abu Ghraib. Pese a que tres de sus empleados fueron acusados formalmente de tener “una conducta abusiva hacia los prisionerios” (es decir, torturas), el Pentágono siguió firmando contratos con las dos empresas.
Estos mercenarios no solo operan en Irak: Afganistán también ha sido su destino. En junio de 2004 las autoridades afganas detuvieron a Jonathon Keith Idema, un ciudadano estadounidesne acusado de mantener una carcel ilegal y de someter a los prisioneros a torturas; EE UU, a través de un comunicado, se disviculó del detenido. Condenado a 10 años por un tribunal afganos, fue amnistiado por el presidente Karzai, y ya está de vuelta en EE.UU.
La privatización de la guerra es tan antigua como la misma guerra; siempre hubo soldados dispuestos a ofrecerse por una buena soldada que por los fines propios de la guerra; pero la privatización de la guerra es un fenómeno en auge desde el final de la Guerra Fría, con la reducción de los efectivos en los ejércitos, el cambio de la naturaleza misma de las guerras, donde las línea entre población civil y ejércitos se ha diluído y de un proceso de privatización generalizada de todo lo estatal, como señala el profesor Peter W. Singer en Outsourcing War.
Irak ya es el paradigma de la privatización de la guerra: el segundo ejército en efectivos desplegado no pertenece a una nación, sino a empresas privadas.
La primera fotografía es cortesía de El Tirador Solitario.
Post publicado simultáneamente en Blog de Bloggers de El País.
Robert Denard murió 
Yohar, a quien Bob había llevado al poder tras asesinar en 1989 al anterior presidente (también ayudado por Denard, con guardia pretoriana incluída), fue hecho prisionero. Era el aparante seguro del comandante, ya que, pese a que todo señalaba que detrás del golpe estaban los servicios secretos galos, Francia se lavó las manos y decidió intervenir, enviando a 1.000 efectivos a los que Denard y sus chicos se rindieron. “No comprendo lo que ha pasado. Seguramente me neutralizarán para que no hable. Tengo enfrente, como enemigos, a compañeros de armas. Estoy descorazonado. Los servicios secretos no están envueltos en esto. Por eso se ha formado este lío”, decía Denard en declaraciones recogidas por El País el 5 de octubre de 1995.
