Cooperantes: ejército de solidarios
Moeh Atitar de la Fuente - Sunday 7 de May de 2006
Quería estar escribiendo sobre la presencia militar en África de Francia y EE.UU., importante para comprender mejor todo lo que pasa en el continente. Lo haré mañana.
Sin embargo, el asalto y posterior tiroteo de la cooperante Silvia Gaya en Chad, me ha recordado que el gobierno español aprobó el Estatuto del Cooperante, hace apenas una semana.
No nos damos cuenta de la importancia y desatención que estos ciudadanos sufren en el desarrollo de su actividad laboral. Podíamos establecer un largo debate sobre la futilidad de las llamadas ONG y organizaciones internacionales para el desarrollo, de cómo han servido para paliar una serie de lagunas que han dejado los estados; de cómo en este mundo globalizado, con una información fluida, es difícil que las justicias pasen desapercibidas; podíamos sojuzgar el papel que la ayuda humanitaria tiene en los conflictos armados, creando redes clientelares de las que se nutren las partes en conflicto.
Pero lo que era flagrante era la indefensión de estos cooperantes a lo largo del mundo, en su actividad de naturaleza, a priori, altruista. Estos ciudadanos desarrollaban su actividad profesional en países donde el subdesarrollo hace estragos. En este Estatuto “se contiene un auténtico catálogo de derechos y deberes para los cooperantes, incluyendo los correspondientes derechos económicos a un salario digno o a una compensación por los gastos del traslado”. Se les proveerá de formación adecuada para sus puestos, e información sobre sus lugares de destino. El gobierno suscribirá, a través de la Agencia de Cooperación Internacional, un seguro colectivo al que se acogerán todos los cooperantes registrados como tal. Para ello se establecerá un registro de los contratos. Toda esa experiencia profesional podrá ser considerada meritoria en concursos públicos.
El gobierno toma, por tanto, parte de un asunto dejado hasta ahora al libre albedrío. Pasa de la mera retórica de añadirle la coletilla “y de cooperación” al ministerio de AA.EE., a actuar en éste sentido.
He oído muchas veces que “el ejército español se está convirtiendo en una ONG”, de manera despectiva, al referirse a la ayuda humanitaria que provee. Me parece fundamental esta labor, y estas afirmaciones son nulas, porque suponen para el ejército una buena proyección frente a la opinión pública, sin contar con las misiones humanitarias en sí.
Sin embargo, el asalto y posterior tiroteo de la cooperante Silvia Gaya en Chad, me ha recordado que el gobierno español aprobó el Estatuto del Cooperante, hace apenas una semana.
No nos damos cuenta de la importancia y desatención que estos ciudadanos sufren en el desarrollo de su actividad laboral. Podíamos establecer un largo debate sobre la futilidad de las llamadas ONG y organizaciones internacionales para el desarrollo, de cómo han servido para paliar una serie de lagunas que han dejado los estados; de cómo en este mundo globalizado, con una información fluida, es difícil que las justicias pasen desapercibidas; podíamos sojuzgar el papel que la ayuda humanitaria tiene en los conflictos armados, creando redes clientelares de las que se nutren las partes en conflicto.
Pero lo que era flagrante era la indefensión de estos cooperantes a lo largo del mundo, en su actividad de naturaleza, a priori, altruista. Estos ciudadanos desarrollaban su actividad profesional en países donde el subdesarrollo hace estragos. En este Estatuto “se contiene un auténtico catálogo de derechos y deberes para los cooperantes, incluyendo los correspondientes derechos económicos a un salario digno o a una compensación por los gastos del traslado”. Se les proveerá de formación adecuada para sus puestos, e información sobre sus lugares de destino. El gobierno suscribirá, a través de la Agencia de Cooperación Internacional, un seguro colectivo al que se acogerán todos los cooperantes registrados como tal. Para ello se establecerá un registro de los contratos. Toda esa experiencia profesional podrá ser considerada meritoria en concursos públicos.
El gobierno toma, por tanto, parte de un asunto dejado hasta ahora al libre albedrío. Pasa de la mera retórica de añadirle la coletilla “y de cooperación” al ministerio de AA.EE., a actuar en éste sentido.
He oído muchas veces que “el ejército español se está convirtiendo en una ONG”, de manera despectiva, al referirse a la ayuda humanitaria que provee. Me parece fundamental esta labor, y estas afirmaciones son nulas, porque suponen para el ejército una buena proyección frente a la opinión pública, sin contar con las misiones humanitarias en sí.
Pero habría que empezar a hablar también de ese ejército de 1.400 cooperantes repartidos por todo el Mundo.